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OTRO FALLO DE CAMARA

Otro fallo de Cámara fijó una fuerte indemnización a una víctima de Cromañón y le pone más presión a la Ciudad.

A un joven le otorgaron unos 680 mil pesos por "daños y perjuicios". Con costas y gastos, el monto total asciende a casi un millón de pesos. El caso va a la Corte Suprema.

Otro fallo de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal, el segundo que se conoce en un mes, fijó una fuerte indemnización para una víctima Cromañón -el recital que en 2004 dejó 194 muertos y cientos de heridos y afectados- y le sumó presión al gobierno de Horacio Rodríguez Larreta, que decidió recurrir la sentencia ante la Corte Suprema, para intentar moderar el impacto económico.

La decisión de la Sala III del tribunal de alzada, integrada por Jorge Argento, Carlos Grecco y Sergio Fernández, fue tomada en la causa caratulada "Anunziato, Hernán contra Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y otros sobre Daños y Perjuicios", y ratificó una sentencia de un tribunal de primera instancia que había fijado el monto indemnizatorio en 200.000 pesos, suma a la que, al agregarle los intereses, se acrecienta a 680 mil. Con honorarios y costas, la cifra total del reclamo por el que fue condenada el fiscal porteño se acerca al millón de pesos.

Se trata de solo un caso en cerca de 1.400 que están en trámite en los tribunales porteños y que tiene la "gravedad" más baja. En el universo total de reclamos civiles, los más onerosos para el fisco serán los de los 194 fallecidos y los de cientos de víctimas que quedaron con heridas e incapacidades diversas. De hecho, otra sala del mismo tribunal fijó a principios de agosto un resarcimiento para otro joven de casi un millón de pesos, monto al que se deben agregar otros 300 mil por las costas y honorarios.

clarin, 08 de septiembre, 2017

DIVERTIRTE ES TU DERECHO.

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BOLICHE MULTADO POR EXCESO DE CAPACIDAD.

La justicia porteña multó a un boliche de Villa Pueyrredón por superar la capacidad máxima permitida.


La justicia porteña condenó a la empresa responsable del local bailable Apple, del barrio de Villa Pueyrredón, a pagar una multa de 124.800 pesos por “exceder en 200 personas su capacidad máxima permitida”, tras una inspección realizada el 16 de abril pasado.

“El juez Gustavo Adolfo Letner, titular del juzgado 15 en lo Penal, Contravencional y de Faltas, impuso una multa de 124.800 pesos a la S.R.L. responsable del local bailable Apple sito en Avenida Mosconi 2883 por exceso de capacidad máxima permitida”, precisó el sitio oficial del Poder Judicial de la Ciudad.

La infracción fue verificada en la madrugada del 16 de abril “por inspectores de la Agencia Gubernamental de Control del Gobierno de la Ciudad”, afirmó la publicación y remarcó que “tal contravención está penada por el artículo 2.1.3 de la Ley 451”, que establece que los responsables de un local bailable que permitan el ingreso de una cantidad de personas superior a la capacidad autorizada en la habilitación serán sancionados con multa de “6.800 a 34.000 unidades fijas y/o clausura del establecimiento”.

“Por la elevada cantidad de personas en las que se excedió la capacidad máxima del local bailable (200), además de lo mencionado por la inspectora en cuanto a lo dificultoso del tránsito y de la respiración en el interior; se puede concluir que se afectó seriamente la normal circulación dentro del lugar”, expresó Letner en la sentencia de efectivo cumplimiento.

La multa fue determinada en 12.000 unidades fijas, equivalente a 124.800 pesos de acuerdo al artículo 19 de la Ley 451, normativa que reglamenta el pago de multas en Unidades Fijas y su valor en moneda de curso legal equivalente a medio litro de nafta de mayor octanaje.

“Los responsables de este tipo de locales, deben velar por la seguridad de las personas que asisten, garantizando no sólo la posibilidad de una veloz evacuación ante un eventual siniestro, sino también una circulación adecuada a los sanitarios y a los medios de salida, en condiciones normales”, argumentó el juez.

telam, 24 de agosto, 2017

FALLO DE CAMARA.

Condenan a la ciudad a pagar casi 1 millón de pesos a una víctima de Cromañón.

La Cámara en lo Contencioso Administrativo fijó ese monto para un joven por "daño moral y psicológico".

El Estado de la ciudad de Buenos Aires fue condenado a pagar casi un millón de pesos en concepto de indemnización por "daño moral y psicológico" a una víctima de la tragedia del boliche República Cromañón. Se trata de una sentencia de Sala IV de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal, a la que accedió Clarín, y que podría sentar jurisprudencia y extenderse como criterio de cuantificación de los resarcimientos al resto de los 1.400 juicios civiles que están en trámite en tribunales porteños.

En el recital de Callejeros del 30 de diciembre de 2004 murieron 194 personas, en su mayoría jóvenes y hasta niños pequeños y la mayoría de los 4.000 asistentes sufrieron lesiones físicas o psíquicas.

El fallo, el primero de segunda instancia en lo referido al resarcimiento a las víctimas, fue firmado en la demanda presentada por el joven Diego Neil, contra el gobierno porteño y los integrantes del grupo Callejeros. Los camaristas Marcelo Duffy, Jorge Morán y Rogelio Vincenti -en disidencia parcial- fijaron un monto de 260 mil pesos, que por la aplicación de intereses y capitalizaciones se estira la suma de 910 mil pesos. Con las costas legales y las pericias, el monto de este único juicio se eleva a cerca de 1.200.000 de pesos.

Los camaristas fijaron el monto a pagar por el "daño y las secuelas acreditadas en la causa al ámbito psíquico" del demandante, además del concepto de "daño moral". Según el fallo, una "perito psicóloga había analizado las secuelas que dejó el hecho (en Neil) y determinado un porcentaje de incapacidad del 25 por ciento".

Los abogados José Iglesias -que también es el padre de uno de los jóvenes fallecidos en el recital de Once- y Federico Jiménez Herrera, que participaron del proceso, explicaron que la decisión del tribunal de alzada "es el primero que marca una tendencia y que fija criterios generales que podrán aplicarse en otros casos de Cromañón".

"Esta decisión no se se debe analizar como un costo para los vecinos, sino como la consecuencia y el problema de haber tenido funcionarios corruptos", afirmó Iglesias, papá de Pedro Tomás, que murió en Cromañón a los 19 años. "Hubo condenas penales y responsabilidades políticas, al punto que un jefe de gobierno fue destituido", explicó, en referencia al kirchnerista Aníbal Ibarra.

Fuentes del gobierno de la ciudad confirmaron a Clarín que habían sido notificados el miércoles de la decisión de la Cámara y que analizaban los pasos a seguir: acatarlo y establecer un plan de pagos o presentar un recurso a la Corte Suprema.

"Tendrían que hacer como pasó con Vicente López: el intendente Jorge Macri estableció un plazo de pagos por Kheyvis -otro incendio en un boliche que dejó víctimas múltiples- y evitó que pase lo que está ocurriendo en la ciudad, que es un reloj que aumenta cada vez más las obligaciones financieras de la ciudad", concluyó José Iglesias.

clarín, 16 de agosto, 2017

SIN HABILITACION

Alertan que en la Ciudad hay 200 fiestas en boliches no habilitados por fin de semana

Son las que se hacen en bares o espacios que no tienen permisos para realizarlas. Denuncian que se trata de lugares en los que no se cumplen medidas de seguridad 

Apretados en lugares que no tienen salidas de emergencia ni matafuegos, en los que no hay médicos ni ambulancia.

En riesgo de verse involucrados en peleas, y en muchos casos sin personal de seguridad que controle el acceso y la permanencia. Manejando por toda la Ciudad en busca de lugares que violen los horarios de cierre.

Así es el escenario en el que miles de jóvenes, cada fin de semana, buscan diversión sin reparar en que su seguridad está en peligro. Se trata de los bares o cafés que desvirtúan el rubro. Estiman que sólo en la Ciudad hay unos 200 donde se organizan fiestas en lugares que no están habilitados para tales fines.

Este cuadro lo describe la cámara de empresarios de discotecas de la Ciudad de Buenos Aires (CEDEBA), cuyos asociados desarrollan la actividad dentro del marco legal y, según afirman, están perdiendo el trabajo por culpa de los boliches “ilegales”.

“La situación se agrava de manera sostenida y por eso pedimos que Horacio Rodríguez Larreta nos reciba para que podamos colaborar con las autoridades en solucionar este problema”, arranca Jorge Becco, presidente de la entidad. “Además, muchos legisladores deberían sentarse con quienes sabemos del tema para tratar de buscar un marco normativo que se ajuste a la realidad: el actual surgió tras Cromañón y sirvió para la emergencia, pero más de una década después lo que hace es favorecer la proliferación de los ilegales, que hoy nos doblan en cantidad. Muchos legisladores nos miran por encima del hombro y nos dicen que el problema es la falta de control, no las leyes. No tienen idea de lo que están hablando. Acá hay que reformular el sistema de raíz”, enfatiza Becco.

Una de las exigencias de la norma que regula a los locales Clase C (los boliches bailables) es que los chicos pueden ingresar hasta las 4 de la mañana, y que la última gota de alcohol se vende a las 5.
“Esto es un sinsentido. Yo le pregunto a los funcionarios y a los padres qué prefieren, ¿que sus hijos permanezcan en un local habilitado y tomen allí hasta el cierre, o que a las 5 se suban a un auto, vayan a comprar alcohol a cualquier lado y tomen en la vereda, o que se metan en un boliche trucho y tomen cualquier cosa y hasta cualquier horario? En los adolescentes lo prohibido es un desafío y con estas restricciones los estamos impulsando a ponerse en peligro. Desde el 2009 hasta ahora, los clandestinos aumentaron un 200%”, plantea Becco. De acuerdo a investigaciones hechas en el Hospital Fernández, la presencia de alcohol y drogas en los siniestros viales durante las noches de fines de semana se da en 1 de cada 3 casos.

En función de estos datos, la migración nocturna de jóvenes entre boliches es un factor de riesgo aumentado.

“Lo ideal es que el chico vaya del boliche a la casa -sigue Becco-. Pero hay lugares en el GBA que están motorizando un after ilegal que genera un éxodo peligrosísimo. Un conocido boliche de Ramos Mejía abre hasta las 12 del mediodía y los pibes terminan reventados. Cada municipio se maneja como quiere y eso implica una anarquía que puede ser fatal”.

Desde la Cámara destacan los controles que en este sentido viene realizando la Agencia Gubernamental de Control, aunque aseguran que no alcanza.

“La película es siempre la misma: la AGC toma la denuncia, clausura, pone las fajas y asienta el procedimiento en la Comisaría. ¿La policía cuida que no se viole la clausura? Dicen que no tienen personal para hacerlo.

¿El Ministerio Público Fiscal y los jueces se ponen los pantalones? Ni por casualidad, es la ley del siga siga.

Al trucho le conviene poner a cualquier persona como responsable, que lo clausuren, apelar, y después hace una tarea comunitaria. Es un chiste. Lucran con la seguridad de los chicos”, describe Becco.

Y asegura que es muy fácil detectarlos porque se promocionan en redes sociales. “Like, Jako´s, Malibu? todos los conocen. Vas una noche a Godoy Cruz entre Córdoba y Santa Fe y encontrás que hasta en las casas chorizo arman bailes”, concluye. w

A bailar. Sólo puede hacerse en establecimientos correctamente habilitados para ese fin. Muchos locales comienzan funcionando como bares pero luego se transforman en discos.

EN CIFRAS

100.000 Jóvenes por fin de semana están en riesgo, según las denuncias, en locales que son bares y terminan funcionando como boliches sin habilitación ni medidas de seguridad.

120.000 Pesos de multa, o arresto de 7 a 25 días, es la pena que se le puede aplicar a aquellos que violen una clusura impuesta sobre el lugar o las actividades previstas según la ley.

clarin, 16 de agosto, 2017

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